ARTÍCULO:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
NOTICIA:
“Se nos llena la boca hablando
de Charlie Hebdo, pero aquí la
libertad de expresión está muy
limitada, el panorama es muy
sombrío”, afirma Carlos
Sánchez Almeida, director
jurídico de la Plataforma en
Defensa de la Libertad de
Información (PDLI).
En los últimos tiempos se han aprobado leyes que han ido acotando más la libertad de expresión. Entre las últimas, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que añade otros once supuestos que coartan la difusión de información, entre los que se encuentran: relaciones exteriores, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, el secreto profesional y propiedad intelectual, o la protección del medio ambiente.
La Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor el pasado 5 de enero permite no solo el cierre de una web o secuestrar su dominio ‘.es’, sino ordenar al proveedor de alojamiento, a las agencias de publicidad, o a los servicios de pago por tarjeta o paypal que dejen de ofrecer sus servicios a la web, generando una especie de “censura empresarial”, en las que estos terceros pequen de celo ante la amenaza de una multa que puede llegar a los 600.000 euros.
También la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, cuenta con dos aspectos polémicos
“Esta ley sustrae el control judicial directo, y eso es un peligro para el ciudadano, ya que un insulto a un policía supondrá una sanción administrativa directa, y evitarla cuesta dinero”, dice Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
En referencia a la enmienda 887 propuesta por el Grupo Popular a la reforma del Código Penal, que prevé penas de hasta 8 años para quien “consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea (…) que resulten idóneos para incitar a otros a (…) incorporarse a una organización criminal”.
“Así como el objetivo de la Ley de Propiedad Intelectual está dirigida a controlar Internet, y el leitmotiv del Código Penal es perseguir y criminalizar la protesta tanto en la calle como en las redes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un ataque a las comunicaciones”, asevera Sánchez Almeida
COMENTARIO:
Como se viene comentando desde hace tiempo, la sociedad avanza, cambia y nuestra Constitución queda atrás trayendo consigo estos casos tan perjudiciales para la convivencia.
Éstas, junto con las modificaciones de la legislación española que se plantean para este final de legislatura, suponen un acoso a libertad de expresión, que puede derivarse en un fuerte deterioro de uno de nuestros derechos fundamentales.
Fuente:
Constitución Española
http://www.20minutos.es/noticia/2347427/0/libertad-expresion/acoso-codigo-penal/lecrim-gobierno/#xtor=AD-15&xts=467263
Intervienen:
Carlos Sánchez Almeida Licenciado en Derecho y Diplomado en Derecho. Director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información
Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales.
Autor: Sara Frías